El gobierno balear y los sindicatos de función pública aprueban un sistema de evaluación del desempeño por competencias

Una de las herramientas más demandadas por casi todos los grupos de interés del Sector Público (empleados públicos, sindicatos, gobiernos y sociedad civil), pero más difíciles de implementar en nuestra cultura administrativa es la evaluación del desempeño. 

Por eso la noticia de que diez años después de la promulgación del EBEP, que una comunidad autónoma esté en el camino de regular la evaluación del desempeño me parece una buena noticia.

Varios elementos son muy positivos: 

• Que el sistema nazca con el consenso de los agentes sociales.
• Que se base en competencias profesionales y una evaluación 360º
• Que esté alineado con la carrera profesional.

Sin embargo y con el ánimo de hacer propuestas constructivas de cara a la posible regulación futura, es menos positivo:

1.- 

Que incluya la medición de habilidades directivas para todas las personas con personal a su cargo es un poco disonante.
Seguro que no todo el personal de la CAIB con personal a su cargo es personal directivo aunque compartan algunas competencias con los directivos públicos profesionales.
Dado que el diccionario de competencias o los criterios de evaluación todavía no se han hecho públicos es difícil afinar más en este apartado.

Si la intención es emular el acuerdo para el ámbito sanitario de esa misma comunidad autónoma, en el que en el art. 18 se indica que se evaluará al personal directivo con las mismas competencias que al resto no me parece que sea lo idóneo.

Ya que la EBAP ha elaborado y aprobado hace muy poco un diccionario de competencias directivas en un proceso participativo y de investigación, yo recomendaría una evaluación directiva de acuerdo a este diccionario.

2.-
Que los efectos de la evaluación se vayan a regular a posteriori, también despista porque no permite fijar los objetivos de evaluación de acuerdo a esos efectos (desarrollo de carrera, formación, desarrollo personal o retribuciones). 

Nota de Prensa original.

Govern y sindicatos de la función pública aprueban por unanimidad el sistema de evaluación de competencias profesionales que se aplicará al personal funcionario de servicios generales de la CAIB

El director general de Función Pública y Administración Pública, Pedro Jiménez, valora “el paso adelante” que hace la Administración de la CAIB al poner en marcha “por primera vez” un sistema que permitirá calificar el trabajo de los empleados públicos “con base a criterios objetivos y con calificaciones homologables”.

La Mesa Sectorial de Servicios Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha aprobado el sistema mediante el cual la propia administración podrá realizar evaluaciones de competencias profesionales a todos los trabajadores y trabajadoras de la administraciones de servicios generales de la CAIB, a partir de 2018.

El acuerdo es “muy relevante”, según ha afirmado Pedro Jiménez, por cuanto permite “por primera vez dotar a la administración de un mecanismo objetivo para calificar las competencias profesionales y el desarrollo de la tarea encomendada” a los empleados públicos de servicios generales.

Jiménez ha hecho mención a “la sensibilidad de los sindicatos hacia esta iniciativa”, que se ha plasmado con un acuerdo unánime en favor de la puesta en marcha de los mecanismos de evaluación durante el primer semestre de 2018, para visar la tarea realizada durante 2017. Los firmantes del acuerdo son los representantes de CCOO, UGT, STEI, USO y CSIF, mayoritarios en la sectorial de servicios generales de la Administración de la CAIB.

El acuerdo establece los conocimientos, habilidades, valores y el nivel de motivación que tendrán que ser verificados por el sistema de evaluación, a partir de la cumplimentación de cuestionarios. Asimismo también se incluyen los modelos de formularios que se usarán. Finalmente se instaura un baremo de puntuaciones, entre el 1 y el 6, de menor a mayor idoneidad, y también se prevé que los efectos de la evaluación sobre los trabajadores públicos se puedan desarrollar reglamentariamente.

Jiménez ha destacado que a partir de ahora “la Administración tendrá una herramienta para medir la actividad profesional de los empleados públicos de servicios generales”, un hecho que incidirá “decisivamente” en la toma de decisiones sobre la planificación y los niveles de calidad de las tareas; “condicionará” la política de recursos humanos que haga la misma Dirección general de Función Pública y Administración Pública; y que permitirá “reorientar la política de formación del personal al servicio de la Administración”, si se detectan carencias en este sentido.

El sistema de evaluación propuesto valora la capacidad de trabajo en equipo, la adaptabilidad al lugar de trabajo, el compromiso con la tarea, la orientación a resultados factibles y la orientación hacia la ciudadanía “imprescindible en un servicio público” según Jiménez. Además, en el caso de las personas que tengan a otros trabajadores a su cargo, también se medirán las habilidades directivas. Y todo este proceso se vertebra a través del sistema Evaluación 360, que valora el criterio del propio trabajador, pero también de aquellos que lo rodean en su tarea diaria, ya sean de ámbito jerárquico superior, inferior o igual que la persona evaluada.

Cada informe de evaluación será expuesto al interesado, al cual se le propondrán sugerencias de mejora y la posibilidad de formular alegaciones, antes de elevar el informe definitivo a la Dirección general de Función Pública. Pedro Jiménez ha destacado que “este proceso de evaluación incide y completa el proceso de modernización y optimización de la función pública de la CAIB, que en la sectorial de servicios generales se inició con la puesta en marcha de la carrera profesional, con el objetivo final de mejorar el servicio público que ofrece la Administración a los ciudadanos”.